El 7 de junio en el Campus Luisi Janicki de la Universidad de la República (Udelar) se realizó el taller «Escenario actual y perspectivas de la enseñanza universitaria en contextos de encierro». Participaron estudiantes en privación de libertad, familiares, representantes del INR, de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y de la Udelar.
La jornada fue organizada por el Prorrectorado de Enseñanza y abierta a todo público, en la primera actividad que se tituló «La Universidad escucha a otros actores» participaron el rector de la Udelar, Rodrigo Arim; la prorrectora de Enseñanza, Estela Castillo; el prorrector de Extensión y Actividades en el Medio, Rafael Paternain; la asesora en la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Patricia Banchero, en representación del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, que se encontraba en actividades en Chile; la Subdirectora Nacional Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Lourdes Salinas; y Gabriela Rodríguez, integrante de la organización «Familias presentes». También participaron en modalidad virtual, dos estudiantes en situación de privación de libertad de la Unidad Nº 6 Punta de Rieles.
Pensar en colectivo
La Universidad está comprometida desde hace mucho tiempo en la democratización de la educación superior y en ese marco en la enseñanza de estudiantes privados de libertad (EPL), explicó Castillo. «Hay mucha gente trabajando en este tema» y además, ha habido un desarrollo explosivo de la cantidad de EPL que ingresaron a la Udelar, acotó.
Agregó que en esta línea de trabajo es necesario «evaluar para evolucionar a cosas mejores» y para esto es imprescindible escuchar a los numerosos actores involucrados. «Ninguna cosa funciona en la Universidad si no se construye colectivamente», afirmó. «Llegó el momento de sentarnos a pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué mejorar para potenciar el programa. Entendemos que las autoridades de la Universidad debemos impulsarlo y es lo que intentamos hacer desde el Prorrectorado de Enseñanza», añadió.
Paternain por su parte señaló que «existen avances sostenidos sobre la base de un compromiso» en el trabajo que realiza la Udelar en privación de libertad, lo que ayuda a ratificar esta política y la presencia de la Universidad en estos contextos.
El prorrector resaltó la necesidad de conocer cuánto de lo que la Universidad hace en sus programas de enseñanza universitaria en cárceles, tiene efectos en las trayectorias de vida de los y las EPL, «en las tasas de desistimiento delictivo, en los porcentajes de reincidencia o en la reconfiguración de las trayectorias». Expresó que la Udelar debería cuestionarse también qué otras acciones incorporar en el trabajo en cárceles para generar círculos más virtuosos, y en qué medida, a partir de estos programas, la Universidad puede ser un punto nodal para sostener una política de penas alternativas. «Se abre un espacio en el que lo que se hace y la evaluación de lo que se realiza va a requerir otros instrumentos de conocimiento, de participación y de intervención. Es allí donde los Prorrectorados tenemos un papel fundamental para sostener las iniciativas que genera la Udelar pero sobre todo para pensar un programa integral sobre el sistema carcelario, algo en lo que nos gustaría avanzar mucho más», añadió.
Compromiso con la democratización de la educación terciaria superior
Arim afirmó que la Udelar, en coordinación con otras instituciones «ha tomado una iniciativa política de sostener la enseñanza en contextos de encierro». Agregó que la Universidad es abierta y cualquier estudiante que cumpla los requisitos previos de formación puede acceder a ella, por tanto «tiene que ser capaz de adaptar su funcionamiento, su institucionalidad y sus cursos a distintos contextos, entre ellos la privación de libertad».
El rector destacó el rol que jugaron algunos actores universitarios al comenzar a desarrollar experiencias de enseñanza en contextos de encierro. Hoy la Udelar ha institucionalizado estas prácticas, «asume este compromiso no como una actividad ad hoc sino como una central y medular, como una obligación institucional», afirmó.
Arim identificó dificultades en el desarrollo de esta línea, entre ellas la presupuestal. La Universidad está atendiendo la enseñanza en privación de libertad «sin tener un presupuesto basal destinado a esta finalidad», afirmó; si bien presentó al Parlamento Nacional la solicitud de recursos con este fin, estos no fueron votados. Entiende que otro de los problemas es «idiosincrático» y se vincula con la reacción natural de buena parte de los servicios universitarios y del cuerpo docente de demandar que las condiciones de enseñanza en este contexto sean iguales a las que se dan en libertad «y eso no existe como alternativa», afirmó el rector. «Los servicios y los cuerpos docentes tenemos que construir protocolos e institucionalidad para asegurar ese derecho asumiendo que no son las mismas condiciones», apuntó.
En cuanto a los desafíos que se presentan para continuar este proceso, Arim resaltó entre ellos mejorar el funcionamiento de coordinación interinstitucional y plantear al Parlamento en 2025, en lo posible en conjunto con todas las instituciones involucradas, que es imprescindible contar con un presupuesto basal para sostener esta política de forma sistemática, digna y eliminando el voluntarismo, que no puede sostener las políticas a largo plazo. Para el rector otro de los desafíos es identificar las líneas de desarrollo que la Udelar pretende sostener en el plano de la privación de libertad, vinculadas a la enseñanza pero también a la investigación y la extensión.
Avances notorios
Banchero señaló que en el proceso realizado por la Udelar respecto a la educación en cárceles «se han hecho muchos avances, se han multiplicado la cantidad de estudiantes dentro de los centros de reclusión y de docentes vinculados a este programa». Resaltó que ha crecido el número de trabajos académicos de investigación y tesis en torno al tema, existen «distintas miradas sobre el sistema penitenciario, lo que abre muchísimas ventanas». Entiende que dentro de este sistema, pertenecer a la Universidad genera un contexto de mucha más apertura al exterior «y esto es digno de ser reconocido así como el trabajo de muchas personas que están en ese lugar invisible, bastante ingrato, que ofrece la gestión educativa y que no es fácil identificar». «Sin la participación de docentes, funcionarios, personas que llaman, que registran, que se ocupan, es muy difícil que este proceso tuviera lugar», acotó.
Salinas por su parte se enfocó en el proceso por el que transcurrió el sistema penitenciario para llegar a la situación actual y en ese marco destacó la creación del INR en 2010, que permitió «comenzar a pensar la cárcel desde otro lugar, con otro paradigma basado en una visión de derechos humanos y con la persona privada de libertad como centro de la intervención». Resaltó también la importancia del convenio marco firmado hace algunos años entre el INR y la Udelar que le dio otra perspectiva a la intervención de la Universidad en el sistema penitenciario, una mayor formalidad y estableció las obligaciones de ambas instituciones.
Señaló asimismo la importancia del segundo convenio, más reciente, entre la Universidad y el INR, que establece la creación de los centros universitarios en el sistema penitenciario. Hoy existen cinco centros universitarios en unidades penitenciarias con diferentes características desde el punto de vista de seguridad, no sólo en la zona metropolitana sino también en el interior del país, apuntó. Destacó que este logro fue resultado de un esfuerzo conjunto de ambas instituciones, que han sorteado barreras ideológicas y culturales. «Era impensable que en la Unidad Nº 3, cárcel de máxima seguridad en nuestro país, se construyera y se gestionara en conjunto un centro universitario», afirmó. Acotó que el INR «está totalmente abierto a seguir interactuando, coordinando y avanzando para la mejora de este programa».
«Un nodo de libertad, de prevención y de integración social»
Rodríguez, en tanto, celebró la participación a través del zoom de Nelson, estudiante universitario de la Unidad penitenciaria Nº 6, y expresó su deseo de que en próximas instancias participen estudiantes también de otras unidades penitenciarias y de que puedan hacerlo en forma presencial. Destacó que la Udelar fue uno de los primeros actores con los que la organización Familias presentes intercambió, desde que comenzó a funcionar en agosto de 2022. Este primer contacto a pocos meses de iniciar sus actividades permitió concretar en mayo de 2023 un encuentro con más de 15 servicios de la Udelar, con los cuales dialogaron acerca de la posibilidad de trabajar juntos en este contexto.
Entiende que la Universidad en el contexto de prisión, «se convierte en un nodo de libertad, de prevención y de integración social». Añadió que para las personas privadas de libertad, estudiar es uno de los derechos que conquistan luego de haberlos perdido todos, «y les permite un proceso de integración a la sociedad enorme». Señaló que por ser estudiante universitario, la persona privada de libertad debería tener integración plena a su centro de estudio y en ese sentido tener derecho al voto, por ejemplo. Entiende que por todo esto, pensar la educación en cárceles es pensar políticamente. En cuanto a los desafíos compartidos entre la Udelar y la INR que se le plantean a la enseñanza en cárceles, destacó la mejora de la oferta educativa, de las instalaciones para el buen ejercicio del proceso de enseñanza, la mejora tecnológica y el de no tomar la presencialidad como la única forma de educación de calidad sino apuntar a la semipresencialidad pero con abarcabilidad casi plena.
En cuanto a los desafíos vinculados a la Udelar propiamente dicha destacó el de garantizar la misma calidad educativa para todos y todas las estudiantes independientemente de su condición, si son de Montevideo, de un centro regional o pertenecen a alguna de las unidades penitenciarias. Asimismo señaló la necesidad de la formación de los docentes en el trabajo en contexto penitenciario y destacó que en muchos países los trabajos universitarios en los sistemas carcelarios son especializaciones, como el de salud o psicología penitenciaria. También identificó como desafío para la institución profundizar en cárceles las tres funciones universitarias, enseñanza, extensión e investigación, con la incorporación activa de las y los EPL y de toda la comunidad carcelaria.
Una de las preocupaciones actuales que destaca Rodríguez es la continuidad educativa de los EPL, por un lado la de aquellos que son liberados y que todavía no terminaron su carrera. «¿Cómo hacemos para apoyarlos para que además de resolver problemas como vivienda, trabajo y situación familiar, puedan continuar estudiando?», reflexionó. También preocupa la continuidad educativa de aquellos que continúan dentro del sistema carcelario y que han llegado a un punto de su carrera en el que necesitan de cierta presencialidad para cumplir por ejemplo con cursos prácticos. Entiende que otro desafío es el de garantizar el ejercicio profesional de quienes hoy son EPL: aunque aún no hay ningún egresado universitario del sistema carcelario probablemente haya algunos en dos o tres años, «¿va a poder ejercer? ¿dónde?, ¿la Universidad de la República lo va a incorporar como docente o funcionario?», cuestionó.
Para finalizar planteó la interrogante de si los centros universitarios en cárceles no son una forma de descentralización de la Universidad y por tanto se deberían pensar modelos de gestión similares a los de los centros universitarios regionales, con comunidad entrando a los centros universitarios penitenciarios y con estudiantes privados de libertad saliendo.
Garantizar la continuidad educativa
Nelson, ELP de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en la misma línea que Rodríguez, destacó la importancia de la virtualidad en la trayectoria educativa de los estudiantes en contexto de encierro. Recordó que esta modalidad, que se incorporó durante la pandemia en 2020, les dio la oportunidad del cursado de materias, lo que quizás era imposible hasta el momento. Entiende que el uso de esta herramienta debería continuar y profundizarse, no obstante apuntó que es necesario también aumentar las instancias de presencialidad para los EPL, las que permiten a los docentes entender sus necesidades específicas «para que se garantice una educación de calidad adaptada al contexto».
Resaltó también la necesidad de crear protocolos en cada servicio universitario, específicos para cada carrera y de garantizar el acceso y la continuidad educativa, desde el inicio hasta la finalización de la formación. Señaló que en la mayoría de las carreras llega un punto en el que los EPL interrumpen su formación por diversos motivos, por ejemplo, ante la necesidad de cumplir con cursos presenciales y obligatorios. Esto a veces hace que, para poder avanzar, tengan que cambiar a una opción formativa que no les interesa tanto.
En su caso personal, al llegar al ciclo avanzado de su carrera, se encontró con la ausencia de un protocolo similar al que existe en el ciclo inicial, en el que la totalidad de las materias obligatorias se dictan en modalidad virtual. Es así que la adecuación o no de las materias obligatorias del ciclo avanzado depende totalmente de las posibilidades de los docentes de esos cursos de adaptarse a los horarios y necesidades de los EPL.
Asimismo resaltó la necesidad de contar con los equipos referentes, fundamentales para guiar a las y los estudiantes en su trayectoria académica al brindarles un nexo con los servicios y orientación sobre temas como horarios, redención de penas, gestión de traslado y salidas transitorias. Aclaró que estos equipos ya existen por protocolo pero no siempre están presentes. Por último destacó la necesidad de la creación de gestores de estudios terciarios que actúen como nexo entre el INR y la Udelar, así como del cumplimiento de las horas mínimas de asistencia a los centros universitarios establecidas en el convenio entre la Udelar y el INR.
Luego de este intercambio se llevó a cabo la actividad «La Universidad dialoga internamente intercambiando experiencias, desafíos y problemas para avanzar», que contó con una presentación de diferentes servicios universitarios, entre ellos el Servicio Central de Inclusión y Bienestar de la Universidad de la República (SCIBU). En el cierre del Seminario, de 14 a 16 horas, se desarrolló un taller con docentes.
