Este miércoles 26 de junio el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) llevó adelante el conversatorio Avances sobre Memoria Verdad y Justicia, impulsado especialmente por el Consejo de la FHCE en el marco de la reciente identificación de los restos de Amelia Sanjurjo Casal, encontrados el 6 de junio de 2023 en el predio del Batallón de Infantería N.° 14.

En la apertura de la actividad, el decano Pablo Martinis celebró la composición de la mesa de oradores expresando que compartir ese panel no solo era un orgullo, sino que representaba una gran emoción.
Se refirió también a las humanidades y las ciencias de la educación planteándolas justamente como parte de la búsqueda constante de verdad, justicia y nunca más, y, por lo tanto, intrínsecamente unidas a esta temática.
Recordó la larga historia que relaciona a nuestra facultad con la incansable búsqueda de restos de desaparecidos a través del trabajo de grupos de estudiantes, docentes, investigadores y el enorme compromiso de la institución reflejado por ejemplo en el acompañamiento que se realizó a los restos de la sexta persona con la que nos hemos reencontrado o la declaración emitida por el Consejo de la FHCE, sobre este mismo tema, el pasado 5 de junio (leer declaración aquí).

El historiador Carlos Demasi, docente del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, reflexionó sobre la forma en que naturalmente ligamos dictadura y terrorismo de estado señalándolas como cosas muy diferentes. El terrorismo de estado, dijo, comenzó en Uruguay mucho antes, porque hubo desaparecidos desde 1968, y continuó hasta tiempo después del regreso democrático a través de diversas prácticas. “Hay un fenómeno que tiene otra conformación y continuidad, una máquina que siguió funcionando”, expresó.
A su vez, indicó que el año que viene se cumplirán 20 años del ingreso formal a los predios de batallones militares en busca de restos humanos y manifestó que la incorporación de historiadores a la búsqueda y el trabajo de las y los antropólogos permitió incluir esta visión sistémica del terrorismo que amplía el horizonte.

Pilar Uriarte, antropóloga formada y docente de nuestra casa de estudios, destacó el trabajo del GIAF valorando especialmente que este nos devuelve a todos un poco de materialidad en el tema y también nos muestra la continuidad de dificultades para el acceso a esa verdad. Destacó que este asunto nos involucra a todos como sociedad y que a través de ellos llegamos a saber de esos que están ahí pero para quienes podría haber sido otro el resultado. En ese sentido, enfatizó que es una lucha de toda nuestra sociedad, pero también un reclamo de que una parte de esta sociedad se haga cargo de lo que pasó.

La coordinadora del GIAF, Alicia Lusiardo, reconoció lo que se ha hecho hasta ahora, pero también todo lo que falta por hacer. Reconstruyó la línea de tiempo del trabajo desde 2005: los primeros hallazgos, la paralización de las excavaciones, la segunda fase con la creación de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, el nuevo hallazgo en 2019 y con él la confirmación de que los restos están allí y que la dificultad radica en la poca información con la que se cuenta y en el tamaño del terreno a revisar.
Con base en eso señaló que en estos 19 años de búsqueda, cada cinco años se ven obligados a volver a comenzar con una nueva institución a cargo: “cada cinco años hay que repetir esta práctica, no ha habido una planificación institucional que consiga que el ánimo no decaiga”, y por eso reclamó como imprescindible la información que los ayude a conseguir datos sobre dónde están los restos, pero también la certeza de la continuidad del trabajo conjunto con el respaldo institucional que corresponde.

Ricardo Perciballe, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, reiteró la idea del terrorismo de estado activo desde 1968 con la desaparición de estudiantes o la muerte de militantes en 1972 y que es innumerable la cantidad de personas que no hicieron nada más que pensar distinto y actuar en consecuencia y que por eso fueron torturadas y vilmente asesinadas en esos años. También expresó que a pesar del regreso a la democracia, durante mucho tiempo se aplicó de forma desmedida la Ley de Caducidad para amparar delitos que podrían haber sido juzgados. Esto, asegura, ocurrió hasta 2005, cuando, con el cambio en el Poder Ejecutivo, se dio lugar a que la Dra. Guianze avanzara en causas y se pudiera juzgar a una serie de policías y militares involucrados. También en esos momentos se juzgó al dictador Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, uno de los grandes hitos en avance de la justicia. Luego, en el 2009, el dictamen de la Corte Internacional que declara inconstitucional la Ley de Caducidad y más tarde la condena a nuestro país en el caso Gelman por incumplir los deberes de investigar los delitos de lesa humanidad lo cambian todo e inician una catarata de denuncias que se fueron ordenando con la conformación de la fiscalía especializada que tanto nos debíamos.

Para dar cierre a las exposiciones, Graciela Montes de Oca, por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, agradeció al GIAF por la perseverancia y especialmente a Alicia Lusiardo por su calidez y por el tiempo que ha tomado para explicarles cada detalle.
«Sabemos que están allí, la responsabilidad de que no los hayan encontrado aún es de los que callan la información, de la falta de compromiso institucional, pero el apoyo que tenemos para encontrar a nuestros familiares son ustedes», sentenció.

En el marco de esta actividad se presentó la muestra de fotos Desaparecidos: la Búsqueda desde la Antropología Forense, que continúa en el hall del segundo piso de la FHCE.

Redacción: Facundo Nicoletti, práctica preprofesional FIC.