La participación del sector privado en la educación formal en nuestro país ha permanecido estable en las últimas décadas, ubicándose históricamente en el entorno del 16% de la matrícula. Esta es una proporción pequeña pero significativa dentro del sistema educativo uruguayo. Sin embargo, existe escasa investigación sistemática sobre la educación privada, que es llevada adelante por una gran diversidad de actores, con distinta historia y fines.
El carácter público de la educación es conceptualizado de diferentes formas. Diversos autores plantean que la distinción categórica no resulta conceptual ni operativamente útil y que lo que se produce es una frontera difusa, un área compleja. Desde las asociaciones de instituciones privadas se sostiene que la educación uruguaya pública incluye dos modalidades: una de gestión estatal y otra de gestión privada. Desde esta perspectiva, el Estado tendría el deber de garantizar el ejercicio concreto de la libertad de enseñanza a través de diferentes mecanismos como, por ejemplo, otorgando diversas exoneraciones amparado en el artículo 69 de la Constitución de la República. Desde otras perspectivas, la laicidad, el acceso sin restricciones y la gestión estatal constituyen aspectos identitarios de la educación pública uruguaya, aquella que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar.
Es intención de este dossier proponer un diálogo que nos permita problematizar posibles tensiones entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Indagar sobre los aportes de la educación privada para garantizar el derecho a la educación, si es que tales aportes existen.
Para esto invitamos a diferentes actores relevantes del ámbito educativo, para que mediante la producción de breves columnas de opinión nos ayuden a profundizar en esta temática. Se trata de la Prof. Celsa Puente, directora del Consejo de Educación Secundaria en el período 2014 – 2018; el Prof. Fabrizio Patritti, director de los Centros Educativos Impulso desde el 2013; el Prof. Pablo Cayota, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como representante de la educación privada, hasta el 2019; y el Prof. Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada entre los años 2017 – 2021. Reconocemos y agradecemos la disponibilidad y seriedad con que aceptaron nuestra invitación.
